Una percepción de inseguridad

Una percepción de inseguridad

Conocer a diario noticias confusas sobre robos, asesinatos y asaltos en cualquier ciudad colombiana, de alguna manera, ya no causa extrañeza -porque ha llegado a la costumbre social-, y compromete la percepción de que no existe una política pública de seguridad acoplada entre autoridades, gobierno y comunidad.

La idea se vende entre los ciudadanos, para atribuir la culpabilidad de una situación tan anómala a la mala actuación de los gobernadores y los organismos de seguridad, y se les pregunta sobre su capacidad administrativa de los recursos técnicos y financieros disponibles para la policía, pero que no se consumen en la realidad, porque no tienen una estrategia fundamentada dirigida a combatir la delincuencia.

Tal vez, es injusto tratar de atribuir toda esa carga a los gobernantes enturbiados y no concebir que ellos mismos mantengan la preocupación de no ser víctimas de los bandidos, y que cada día de la misma manera, se vean expuestos muchas veces a robos o hurtos junto con sus séquitos de aduladores, en esas apariciones públicas folklóricas y narcisistas, cualquier día de la ciudad.

Las acciones del gobierno no podían dejarse de lado, sólo para fomentar el habitual y recurrente consejo de seguridad€, cada vez que ocurren estos eventos agresivos, es necesario que desde su mandato se haga un ordenamiento general de la ciudad y el espacio público, y la delimitación y control sobre aquellas áreas diagnosticadas como peligrosas.

Es también el caso de la Institución Policial, que tiene un mensaje subliminal muy expedito del director, en el sentido de que si algo le sucede a su integridad es porque está en la calle€, él les dijo lo suficiente como para no exponerse públicamente. Y no es exactamente la entidad, la más preocupada por el bienestar de sus miembros.

Pero se exige del cumplimiento del deber policial mediante la vigilancia, y escrutinio del comportamiento de los individuos, enfocados en diferentes entornos determinados o no, utilizando aquellas herramientas que hoy proporcionan la tecnología y los amplios presupuestos para seguridad. Las cámaras, los vehículos especiales, los especialistas en interpretación, los uniformes, las armas de disuasión y, por último, una amplia gama de técnicas y tácticas para aplicar a la protección de los ciudadanos.

Luego planteó en el aterrorizado ciudadano el deber de ejercer en su propio riesgo los principios fundamentales, como el de la solidaridad y la participación comunitaria, para establecer sus propios mecanismos y congruentes con la defensa de todos y cada uno de ellos. El ciudadano en tránsito puede, con cuidado, desde su teléfono celular, antes de que sea robado; informar a las autoridades a través de la línea 123 o 900, cuando observe movimientos sospechosos. El servicio de policía es bueno, pero necesita la retroalimentación de los ciudadanos y la información oportuna.

¿Cómo no advertir de estas motocicletas con placas giradas de tal manera que dificultan la identificación, de vehículos trabajadores con personajes en actitud de acechar situaciones particulares, de merodeadores y malcarados portando armas subrepticiamente, de ciudadanos descuidados en las calles que propician la oportunidad de robo o expoliación?

Es que el viejo esquema de la confianza extrema debería cambiarse por estrategias más sutiles y efectivas. Ya no vale la pena exponer la vida llevando consigo sumas de dinero o valores en bolsas personales, retirando sumas de dinero de instituciones financieras o recibiéndolas de particulares a plena vista, como si la ostentación la protegiera.

Requiere más capacidad de los ciudadanos para percibir y observar con sutileza y desconfiar del entorno que les rodea, para calificar rápida y convenientemente, con sentido común, las actitudes y posturas de los que vagan y charlan por ahí, y para envolverse de forma espantosa y segura bajo la premisa de no dar papaya.

Alfonso Suárez

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