En época de balances: Perder sí es ganar

En época de balances: Perder sí es ganar

Terminado ese tiempo de los conocidos recuentos, autoevaluaciones, promesas y declaraciones de intenciones, señalando que el nuevo año será para redimir las tensiones y los errores resultantes de un 2017 saturado de emboscadas legales, efectos inesperados y otras ilusiones metódicas y discutidas, encadenadas a las normas democráticas de cumplimiento de la separación de poderes€, principios rectores del Estado democrático, y a la imposición ciudadana de hacerlos cumplir.

La perversa intencionalidad de imponerse en violación de la independencia del poder legislativo y de la justicia -por parte del cuerpo administrativo- se debe exclusivamente a la “politización” que el Gobierno ha impuesto a estos poderes desde la desigual elección de los magistrados, hasta el punto de satisfacerla en sus decisiones, arrogándose atributos políticos ungidos en mermelada, y a la condicionalidad de haber sido funcionarios o contratistas del mismo presidente, -especialmente la mayoría de la actual magistratura constitucional-.

Esta intencionalidad preclara fue concebida para producir cambios en la ley, la sociedad y la política, desde el punto de vista sólo favorable a los intereses de esa minoría gobernante, y de la que anhela arrebatar el poder, subyugar al pueblo -en su imaginativo y perverso proyecto comunista o socialista, indistintamente-, sin otra orientación que la del beneficio y enriquecimiento personal y el blanqueo de sus fechas.

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  • Terminado ese tiempo de los conocidos recuentos, autoevaluaciones, promesas y declaraciones de intenciones, señalando que el nuevo año será para redimir las tensiones y los errores resultantes de un 2017 saturado de emboscadas legales, efectos inesperados y otras ilusiones metódicas y discutidas, encadenadas a las normas democráticas de cumplimiento de la separación de poderes€, principios rectores del Estado democrático, y a la imposición ciudadana de hacerlos cumplir.

    La perversa intencionalidad de imponerse en violación de la independencia del poder legislativo y de la justicia -por parte del cuerpo administrativo- se debe exclusivamente a la “politización” que el Gobierno ha impuesto a estos poderes desde la desigual elección de los magistrados, hasta el punto de satisfacerla en sus decisiones, arrogándose atributos políticos ungidos en mermelada, y a la condicionalidad de haber sido funcionarios o contratistas del mismo presidente, -especialmente la mayoría de la actual magistratura constitucional-.

    Esta intencionalidad preclara fue concebida para producir cambios en la ley, la sociedad y la política, desde el punto de vista sólo favorable a los intereses de esa minoría gobernante, y de la que anhela arrebatar el poder, subyugar al pueblo -en su imaginativo y perverso proyecto comunista o socialista, indistintamente-, sin otra orientación que la del beneficio y enriquecimiento personal y el blanqueo de sus fechas.

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