Colombia: Choque de trenes por leguleyadas

Colombia: Choque de trenes por leguleyadas

No es de extrañar que en la dinámica de la política, las acciones premeditadas llevadas a cabo por ellos en situaciones anteriores sean posteriormente sustituidas por otras antagónicas. Muchas veces se ha afirmado que cuando algo así sucede, eso “fue por lana y se fue a pique”, pero lo más decepcionante es percibir esa mala intencionalidad del considerado perdedor en querer, pisotear todo una decisión tomada en Jurisdicción y competencia, por mayoría en debate legítimo y siguiendo las mismas reglas prefijadas usando divagaciones de la misma Ley en claro abuso, para volverse a favor de un simple corte y burlarse de la voluntad y el ejercicio democrático de los permitidos en la negociación final o en el tira y afloja.

Cuando hablamos alegóricamente de choques de trenes en la ley, nos referimos a hechos jurídicos que ocurren como resultado de decisiones o determinaciones de uno de los más altos tribunales o de cualquier entidad pública representativa del Estado, emanadas en gran medida de los vacíos e inconsistencias de la Constitución de 1991, que afecta a otro de igual rango en general y que trasciende el respeto a las reglas del juego constitucional y la colaboración entre los poderes.

La parte espinosa del asunto no es que una institución de poder público emita una opinión que pueda contradecir a otra. Que en nuestro sistema de separación de poderes sería más o menos normal y tolerado. Lo que es dogmáticamente pernicioso es que, como resultado de tales decisiones, habrá enfrentamientos más que verbales o de facto, cuyos protagonistas serán los líderes que la democracia ha alabado con los más altos cargos.

En el Estado Social de Derecho, que con orgullo expresan los ciudadanos que exponen los sentimientos nacionalistas, se admiten las divergencias conceptuales en materia de legislación o de aplicación de la justicia, dentro del ejercicio político que regula la conducta de la nación, y más aún cuando el poder tripartito que se implementa en nuestra Constitución, a la cabeza del Congreso, del Gobierno y de los Tribunales Superiores, tiene la función pública de organizar de manera equilibrada la manifestación de la soberanía y la acción del poder que se controlan unos a otros.

Cuestionar la función legislativa desde argumentos insustanciales promovidos por el poder judicial, atacando la funcionalidad de uno u otro, establece claramente el traspaso de funciones y por lo tanto el delito de prevaricación. Hay mucha imprudencia por parte del juez que se ha atrevido a entrometerse más allá de lo permitido, que merece investigación y el castigo ejemplar determinante para que respete la democracia y el estado de derecho. No es sano que la nación sea consciente, a diario, de que las sentencias de la Corte Constitucional son cuestionadas por los conceptos del Consejo de Estado o que el Congreso difiere del Ejecutivo o viceversa, casi siempre a la cabeza de sus rectores que, a través de los medios de comunicación, se pronuncian con el afán de aplastar dialécticamente lo contrario.

Y mientras los jefes de estas instituciones se trenzan obstinadamente en esta controversia competitiva, exponen al país en general a cuestionar la seguridad jurídica y el fundamento social del comportamiento legislativo, administrativo y judicial, bajo premisas de imposición con pocos argumentos, pero tendientes a la legalidad o estereotipos de estupidez que ridiculizan a los verdaderos estudiosos de los temas.

El valor de este enfrentamiento es que tanto el ciudadano como el legislador entiendan la necesidad de que el derecho se presente bajo argumentos explicativos y justificativos que de forma comprensible y objetiva den la clave para dilucidar cualquier controversia, razón deductiva que estos trenes deben considerar para contribuir al resultado final.

En tal orden de ideas es significativo concebir como la Ley es una técnica, cuya utilidad está en encontrar, la solución de ciertos problemas prácticos, pero también es la ciencia que a través de la mente del doctor en derecho, usando su sabiduría; le permite, de una manera metódica y objetiva, construir el argumento razonable e inobjetable que daría el compromiso jurídico concluyente.

La fuerza de la democracia no reside en el imperio del poder público, sino en la confianza de las instituciones, su gobernabilidad y la fe que los ciudadanos depositan en el gobierno.

Alfonso Suárez

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