Casi mete un gol olímpico, pero el palo le dijo que no [Opinión]

Casi mete un gol olímpico, pero el palo le dijo que no [Opinión]

Foto: colombia.com

La Constitución de 1991 fue promulgada con el espíritu de ser una garantía de convivencia pacífica entre el pueblo colombiano. Este espíritu hoy está siendo discutido por defensores y opositores de la solución al conflicto armado, cuya declaración de terminación -derivada de la polémica entrega y recepción de armas- por parte de los ex guerrilleros a los funcionarios de la ONU, abrió las puertas para dar paso a la implementación de lo acordado y a la inclusión de ciertas enmiendas, en los mismos mecanismos que reformarían no sólo el comportamiento social, sino también el desarrollo jurídico y la práctica política de la nación.

Incrustar estos mecanismos sin ningún apoyo en el ámbito constitucional ha sido quizás una audacia legal inapropiada para quienes, desesperados, y ante la prisa por un tiempo definido, intentan no dejar en el aire parte de lo que se negoció en La Habana, cuyo resultado seguramente cuelga de muchos beneficios manoseados.

La eliminación de la competencia exclusiva del gobierno nacional para modificar unilateralmente y acomodar cualquier proyecto de ley o acto legislativo propuesto desde el No. 1 de 2016, fue especificada en la sentencia constitucional No. 332 que lo declaró inconstitucional en la aplicación de los numerales h y j y por lo tanto prohibió de paso, el voto en bloque en el Congreso, las reglas del Acuerdo de Paz, previstas por la “vía rápida”.

En la práctica, esta decisión litigiosa hizo razonar a estudiantes y analistas profanos de nuestro régimen constitucional y advirtió en su momento sobre la amenaza al curso democrático, ad portas desconmuta el poder de deliberar y decidir el Congreso -especialmente en lo que respecta al eje temático del acuerdo-, para el empoderamiento del presidente aún más, unificando su dominio sobre las tres ramas, a tal punto que lo pone al alcance de una tiranía política sin precedentes.

No es compatible ahora la tesis de que en algunas Gazaperas se expone, induciendo a dar crédito de que los acuerdos de paz están destinados al fracaso, y que su implementación terminará minando aún más el desarrollo integral de la nación, todo ello debido a la obstinada percepción agenciada de algunos antagonistas, obstinados en desfavorecer los debates y la argumentación jurídica y deslegitimar lo ya acordado en detrimento de los agresores o, como dicen los otros, estarían sentando las bases para emigrar a otro régimen basado en teorías socialcomunistas y en los ejemplos fallidos de los castrochavistas.

Colombia siempre ha tenido entre sus hijos a juristas, estadistas y pensadores notorios, aplicados al oficio de análisis y razonamiento serio y objetivo de las situaciones que afectan el comportamiento generalizado sobre lo social, lo jurídico y lo político, -plataforma del progreso de la sociedad- lejos del estigma nacido de los deshonrados e increíbles casos de corrupción y de los fiscales, y el gran número de operadores judiciales y legisladores caídos, por demostrar su vandalismo de soborno y extorsión, como eje de su actividad dentro del sistema legal, lo que ha llevado a los colombianos a creer cada vez menos en la justicia, por simple deducción: Si la sal se corrompe, ¿con qué la salaremos?

Pero, como se dice en la jerga popular: La esperanza es lo último que se pierde y el ciudadano no puede ignorar las acciones que se están llevando a cabo en los mismos juzgados y tribunales que defienden el estado social de derecho, especialmente cuando se prepara para participar activamente en la elección de los mejores gobernantes.

Alfonso Suárez

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